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autor Escrito por Tox007
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Thursday 12 de April de 2007 17:28

Iniciativa para reformar los artículos 123 y 125 de la Ley General de Población: La verdadera Histor

"Despenalizacón del delito de inmigración ilegal":http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2007/03/01/1&documento=18 El que suscribe, Francisco Herrera León, Senador de la República en la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 123 y 125 de la Ley General de Población, de conformidad con la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A lo largo de los 1,100 kilómetros de nuestra frontera sur con Guatemala y Belice existen 13 puntos de internación formales, que cuentan con 50 agentes migratorios como promedio diario, más otros 215 para el control migratorio en caminos y lugares al interior de los estados fronterizos del sur. Según el Instituto Nacional de Migración, durante 2004, se calcula que las entradas a territorio nacional por esa frontera fueron de aproximadamente 1 millón 830 mil cruces, incluyendo entradas documentadas (78%) e indocumentadas (22%), sin tomar en cuenta a los migrantes irregulares que lograron cruzar el territorio nacional e ingresar a los Estados Unidos. En el flujo de cruces documentados, la inmensa mayoría son visitantes locales que ingresan por vías terrestres: 1,234,248, que representan 67.5% del total general, seguido por turistas, trabajadores agrícolas, otros visitantes, transmigrantes y otros. Los cruces ilegales de centroamericanos en 2004, se estimaron en 400 mil 235. De éstos, una tercera parte fueron cruces locales indocumentados en la propia franja fronteriza y los otros dos tercios los que se internaron con el objetivo de transitar por México para llegar a los Estados Unidos. Entre los indocumentados que se internan en territorio nacional con el propósito de llegar a Estados Unidos, se destacan 204 mil 113 asegurados por las autoridades migratorias mexicanas y 54 mil 626 detenidos por la patrulla fronteriza de nuestro vecino del norte. El de la voz, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, presentó en esta tribuna, el pasado 7 de noviembre, a nombre de los senadores integrantes de la misma, una *Proposición con Punto de Acuerdo en la que se solicitaba que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizara una investigación sobre las denuncias interpuestas ante diversas organizaciones civiles por la violación de derechos en las estaciones migratorias a personas que ingresan al país por nuestra frontera sur*; y un exhorto al Ejecutivo Federal, a través del Instituto Nacional de Migración, a que *se brindara un trato digno a estos migrantes, se contara con instalaciones adecuadas para mujeres, menores y familias, y que los encargados de las diversas estaciones migratorias del país fueran respetuosos de sus derechos humanos.* En esa ocasión señalamos: * Que era _inadmisible la constante violación de los derechos humanos de aquéllas personas que ingresaban a nuestro país por la frontera sur_. * Que a pesar de que en la actualidad las fronteras se habían vuelto zonas de tráfico de armas y territorios de inseguridad con alta presencia del crimen organizado, no deberíamos de hacer a un lado que éstas esencialmente _habían sido y deberían de seguir siendo, espacios de colaboración, de comercio y de convivencia_. * _Que el migrante era el personaje más olvidado de los derechos humanos_, por el cúmulo de garantías violadas que van desde el derecho a la vida, a la no discriminación, la integridad física y psíquica, a un debido proceso legal, y a la protección consular. * Que los migrantes de la frontera sur estaban siendo materialmente perseguidos, detenidos y retenidos en estaciones migratorias y cárceles municipales, y no solamente en la zona fronteriza, sino también en los numerosos retenes que son instalados en rutas que los mismos siguen, o en operativos especiales en los que estaban involucradas las fuerzas del orden público de los tres niveles de gobierno, _las que violaban sistemáticamente sus derechos humanos mediante asaltos, maltrato, abusos y extorsiones_. * _Que el problema se agravaba por la corrupción fuertemente vinculada con el crimen transnacional organizado y la complicidad de funcionarios públicos_. Situación que se agudizaba por la impunidad prevaleciente, al no castigar a los responsables de los delitos y violaciones a los derechos humanos. * _Que una de las principales causas que llevaba a los funcionarios a cometer esos actos de corrupción era la falta de políticas de apoyo para los migrantes_, los que difícilmente la denunciaban, debido a su temor a ser deportados. * _Que el fenómeno migratorio se había incrementado por la pobreza en la región_, no obstante la riqueza en la zona sur de recursos naturales, energéticos y humanos. * _Que la solución en parte, debería buscarse en el mejoramiento económico de nuestro país_, particularmente en el impulso al desarrollo regional, en políticas de oportunidades, que se vean reflejadas en el progreso familiar, en el crecimiento de las economías, y en nuevos frentes para generar riqueza. Esta situación, _que nos debería de avergonzar_, y que ha rebasado nuestras fronteras, fue descrita en el Informe de la Relatora Especial Gabriela Rodríguez Pizarro, durante su visita a nuestro País en febrero y marzo del 2002. En ese Informe se describía la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentaban los migrantes, las situaciones en las que se cometían abusos hacia los mismos y los riesgos a los que estaban expuestos. Mencionaba las quejas respecto a la presunta implicación de algunos agentes de migración y/o de seguridad pública en dichos abusos. Consideraba que era crucial pasar de esa fase de diagnóstico a la puesta en práctica de una política nacional de protección y atención a migrantes. Hacía una invitación al Gobierno mexicano a iniciar un proceso de adecuación de la legislación nacional y políticas públicas en paralelo a la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y a considerar su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Si bien, el 1º de octubre del 2002 el Senado de la República aprobó el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre del 2000, a la fecha aun persiste la situación que relataba para ese entonces esa observadora a la reserva interpuesta por nuestro País al artículo 22 de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en virtud de lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución y del artículo 125 de la Ley General de Población. Según la Relatora, de acuerdo con esta reserva, quedaba denegado el principio según el cual los trabajadores migratorios tienen el derecho a recurrir a su orden de expulsión cuando razones imperiosas de seguridad nacional no se opongan a ella. Existe un marco jurídico internacional de protección de los derechos humanos que regula las obligaciones de los Estados en la protección y promoción de los mismos. Este marco normativo comprende todos los convenios internacionales y regionales de Derechos Humanos, según los cuales los derechos humanos son inherentes a toda persona, y por ello, también a los migrantes. Así tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, La Convención sobre los Derechos de los Niños, La Convención Sobrela Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, La Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y por último, cabe mencionar, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y, lo que más nos interesa como motivo de esta reflexión, los Protocolos que la complementan: el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Aunque estos Protocolos no son instrumentos de derechos humanos, sino de derecho penal internacional, contienen una cláusula que salvaguarda el respeto del derecho humanitario internacional y del derecho internacional de los refugiados y el principio de no devolución, y la observancia del principio de no discriminación. Estos Protocolos son un instrumento jurídico internacional de carácter universal y vinculante, que disponen la exención de responsabilidad penal de los migrantes objeto de tráfico, consagrando el principio de que _la migración no es un delito y rechazando la penalización de los migrantes irregulares_. En contraparte el tráfico ilícito de migrantes es una infracción a la legislación migratoria de un país, una forma de facilitación de la migración irregular, asistida por terceras personas. Son frecuentes las violaciones de los derechos humanos de los migrantes en manos de traficantes ilícitos, que incluyen torturas, maltrato, lesiones, abandono antes de alcanzar el destino y que pueden terminar en tragedias. Es en estos casos, que el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, contempla como circunstancias agravantes la figura del tráfico ilícito de migrantes cuando pasa a la violación de derechos humanos y se transforma en el delito de trata de personas. El Protocolo prevé además del tráfico ilícito de migrantes, otros delitos conexos con el mismo que se relacionan con la utilización de documentación falsa y la residencia ilegal. En el delito de tráfico ilícito de migrantes el sujeto activo es el traficante, o sea, un grupo delictivo organizado. El tráfico ilícito de migrantes es un delito contra la soberanía del Estado y por consiguiente el sujeto pasivo es el Estado, y no el migrante, por cuanto el bien jurídico protegido es la soberanía del Estado de que se trate. Sin embargo, cuando concurren las circunstancias agravantes del artículo 6 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, el migrante es también sujeto pasivo de los delitos que se cometan contra su persona. El migrante en todo caso es el objeto material del delito. El hecho de que el migrante objeto de tráfico haya prestado su consentimiento es jurídicamente irrelevante, conforme al Protocolo y no lo convierte en copartícipe. De la revisión del documento de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que examina la aplicación del Protocolo antes mencionado, distribuido en forma general el 8 de agosto del 2006, se desprende que "La inmensa mayoría de los Estados que respondieron al cuestionario (que se aplicó) indicaron que la entrada y residencia ilegales de migrantes en su territorio implicaba la violación de sus leyes de inmigración y eran consideradas infracciones que daban lugar a la imposición de sanciones penales o administrativas o ambas cosas. _Respondieron negativamente al respecto El Salvador, la ex República Yugoeslava de Macedonia, *México*, Nueva Zelandia y Polonia_. Se informó además de que se utilizaban medidas administrativas, como la deportación, para repatriar a los migrantes ilegales a sus países de origen." La Ley General de Población de nuestro País en su capitulo VIII determina las diversas sanciones a las que estarán sujetos los funcionarios de la Secretaría de Gobernación y otros funcionarios, así como los extranjeros y los particulares, sean nacionales y/o extranjeros. Concretamente *el artículo 123 penaliza al extranjero que se interne ilegalmente al País*, lo que se contrapone con lo que establece el multicitado Protocolo: "Artículo 123.- Se impondrá pena hasta de dos años de prisión y multa de trescientos a cinco mil pesos, al extranjero que se interne ilegalmente al país." A mayor abundamiento, nada menos el pasado 24 de octubre de 2006, tuvo lugar la Octava Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,en donde el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, el Dr. José Luís Soberanes Fernández, exhortó a sus homólogos a pugnar en sus respectivos países por la despenalización de la migración, que la internación indocumentada a un país sea considerada una falta administrativa y como tal sea atendida y sancionada; también manifestó que a *la migración es imposible contenerla por decreto, por lo cual es necesario ordenarla y reconocer su rostro humano*. Aún más, a principios del año pasado, fue aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana el Compromiso de Montevideo y México es signatario del mismo. Este Compromiso, en su punto número 17 establece *"Migrar no es un delito, por lo que los estados no desarrollarán políticas orientadas a criminalizar al migrante"*. A partir de estas contradicciones entre la legislación nacional, y los compromisos internacionales signados por nuestro País; *las diferencias en el trato que permanentemente estamos reclamando de nuestro vecino del norte para nuestros migrantes y nuestro trato con los migrantes de los países vecinos del sur*, que se manifiesta en abusos de autoridades de todos lo niveles de gobierno que utilizan la penalización establecida en la Ley como un elemento de presión, amenaza y extorsión, es que presento ante este honorable Pleno la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 123 Y 125 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 123 y 125 de la Ley General de Población, para quedar como sigue: LEY GENERAL DE POBLACIÓN ARTÍCULO 123.-El extranjero que se interne ilegalmente al país, será expulsado inmediatamente y será sancionado con multa de hasta 500 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. Si fuera el caso será asegurado de manera temporal, mientras se resuelve la procedencia o no de su expulsión. ARTÍCULO 125.-Al extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127 y 138 de esta Ley, se le cancelará la calidad migratoria y será expulsado del país, sin perjuicio de que se le apliquen las penas establecidas en dichos preceptos. TRANSITORIOS ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, Distrito Federal, a 20 de febrero de 2007. Senador Francisco Herrera León

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