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Política

Para dar puntos de vista sobre el acontecer político en la Comarca Lagunera y en México.

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autor Escrito por RENEGADO1
Ciudadano distinguido
Sunday 7 de February de 2016 08:58

Hermanos Moreira y las consecuencias de sus actos y omisiones.

En el mes de Noviembre del 2008 un grupo de directivos de cámaras empresariales de Torreón se quejaban ante los medios de comunicación por la falta de atención del Gobernador HMV de escuchar sus reclamos fundados con una cifra escalofriante de 200 secuestros y levantones sin resolver y lo que era peor aún, sin ser reconocidos por la PJE.

 Mientras en las oficinas del Palacio Rosa de Saltillo con la complicidad y mucha “ingeniería política” a cargo del hermano del gobernador Rubén Moreira así como David Aguilón y el Dr. Fernando Todd Siller preparaban para esas fechas una cortina de humo para tal reclamo y fue la sorprendente e innovadora idea de: Propuesta de pena de muerte a secuestradores que asesinen a sus víctimas.

Humberto se atrevió a expresar en cadena nacional que la discusión en Coahuila es como vamos a matar a estos delincuentes, si fusilados, ahorcados, degollados o como medida “light” la inyección letal.

Mientras el Congreso de Coahuila (quienes obedecían sin chistar) aprobaba la propuesta, un policía de Saltillo era aprehendido por elementos federales cuando trasladaba a dos empresarios secuestrados. El agente del orden era parte de la banda organizada dedicada al secuestro y la extorsión. Esa misma semana otro policía municipal mato de un balazo a un niño de tres años, en medio de una discusión con el padre del inocente, acerca de una multa de tránsito.

Aun no pasaba la euforia de los medios nacionales sobre la propuesta moreirista para implementar en Coahuila la pena de  muerte, cuando un grupo de agentes de la policía ministerial, borrachos, escandalizaron el sábado 6 de Diciembre de ese 2008, en un antro de Arteaga tirando balazos al aire. Según testigos y de acuerdo con los relatos, un grupo de agentes ministeriales encapuchados, armados con cuernos de chivo levantaron en venganza a cuatro agentes municipales en una camioneta Hummer, entre ellos el jefe de la policía. Lo mas parecido a un pasaje de la película El Infierno.

Sin una policía capaz de aprehender a los secuestradores y, peor aún, ya era muy evidente que el crimen organizado se estaba infiltrando en las corporaciones policiacas.  Es decir, en Coahuila se cocinaba a fuego no tan lento un caldo en donde podría quedar en manos de la delincuencia organizada la capacidad de aplicar la pena de muerte si ésta se aprobara y sin mediar juez alguno.

Cuando Humberto Moreira tomo posesión del cargo, expreso que una de sus primeras decisiones para combatir el crimen organizado era proponer cadena perpetua, el Profesor se vio muy demagogo ya que existían penas de cárcel por más tiempo del que una persona puede vivir encerrada. Pero la gravedad de los hechos no está en su dosis de populismo demagógico, sino en las estadísticas que se derivó con los meses subsecuentes. Un aumento exponencial de secuestros y delitos cometidos por bandas organizadas de maleantes que actuaron libremente, al calor de los gobernantes estatales y municipales, como los casos de los alcaldes torreonenses, Jose A. Perez y Eduardo Olmos.

Y quedo más que claro, con el asesinato de su hijo José Eduardo, cuando el ya ex gobernador HMV, dijo que ese homicidio fue la venganza de un grupo de la delincuencia organizada, y denuncio que empresarios del estado financian a carteles del narcotráfico en la región, Eso sí, nunca menciono detalladamente porque eran los mismos que con dinero sucio financiaron su campaña electoral de 2005.

Humberto supo decir, con lágrimas de cocodrilo, que no buscaba venganza, sino justicia, y pidió que los empresarios que dan recursos al crimen organizado sean identificados y perseguidos, para que reciban un castigo. Un rosario de mentiras porque Humberto Moreira Valdés los conoce perfectamente con nombre y apellido, como podría ser el caso de la familia de Salomón Juan Marcos y toda su familia, que siempre estuvo en la mira de los investigadores norteamericanos en temas como narcotráfico y lavado de capitales.

También dijo por aquel entonces que, de manera oficial, el procurador de Coahuila le informó que el asesinato de su hijo fue una venganza, luego de que elementos de la policía estatal asesinaran al sobrino de El Z-40, un presunto líder de Los Zetas. Lo que Humberto tampoco jamás se animó a decir es que su hermano Rubén, el actual gobernador, estaba detrás del ilícito que terminó con la vida de José Eduardo.  No nos alegramos con el asesinato del hijo de Humberto Moreira, pero debería hacer una mirada introspectiva del por qué se llegó hasta ese punto.

Hagamos un repaso de ciertos nombres “famosos” de nuestra empobrecida entidad.

Humberto Moreira, cuando fue gobernador del Estado, nombró como Fiscal General a Jesús Torres Charles y como Titular de la Policía Ministerial del Estado al General Jesús Ernesto Estrada Bustamante, a pesar de las denuncias en contra de ambos de existir lazos con el narcotráfico. Para más datos, en el 2009, la periodista Isabel Arvide denunció ante Moreira I la complicidad que existía entre el Fiscal General, el titular de la Policía Ministerial del Estado y el hermano del Fiscal General, Humberto Torres Charles, alias “Glenda”, con miembros de la delincuencia organizada. Esta información era del conocimiento público. Sin embargo el ex gobernador Humberto Moreira y su hermano, el actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez (casualmente con Z) mantuvieron y protegieron a estos tres sujetos.

Tiempo más tarde, el 19 de diciembre del 2011, Rubén Moreira, nombró a Jesús Torres Charles como titular de la Consejería Jurídica del Estado. A sólo 2 meses del nombramiento y después de que varios medios de información dieran a conocer que existían investigaciones que implican el ex Fiscal General del Estado y a su hermano en la protección de Zetas, el 17 de febrero del 2012 Jesús Torres Charles presenta al gobernador priista una solicitud de licencia para separarse de su cargo como Asesor Jurídico del gobernador Rubén Moreira Valdez “por motivos personales”. Con el correr del tiempo, se hizo pública  información sobre presuntos pagos del crimen organizado a elementos de todas las corporaciones de seguridad pública en Coahuila, incluyendo a Humberto Torres Charles, hermano del fiscal General de Coahuila en la pasada administración estatal, y quien, según Pedro Toga Lara, “El Guacho”, capturado en 2011, recibía 300 mil pesos mensuales. Pese a ello, Humberto Torres estuvo a cargo de un comando de élite responsable de la seguridad de las esposas de funcionarios de primer nivel.

En su momento, Rubén Moreira Valdez dijo que no tenía conocimiento de ninguna de las imputaciones que se hacían, salvo las que publicáron muy pocos medios de comunicación. Tiempo después, Moreira II tuvo que reconocer públicamente que el narcotráfico había financiado gran parte de la campaña electoral, es decir, la de su hermano Humberto.

“Lo único que yo tengo conocimiento es lo que aparece en los medios de comunicación”, supo expresar el Rasputín del Moreirazo que desembocó en la Megadeuda (Mega fraude), que hoy padecemos los coahuilenses. “No tengo ninguna otra comunicación oficial, por lo tanto, de todo el resto yo no pudiera hacer afirmaciones categóricas. En este país, tenemos todos presunción de inocencia y espero que todo estemos convencidos de eso, de que todos tenemos presunción de inocencia, y a partir de eso yo tomo mis determinaciones”, dijo Moreira Valdez.

Y es cierto, si nos atenemos al Estado de Derecho. Pero las sospechas y los datos son demasiado elocuentes como para no tener, por lo menos, una duda razonable sobre la inmundicia de gente y funcionarios con los que uno se rodea.

Vamos a recordar, textualmente, algo que se publicaba no hace tanto tiempo, en el Diario Oficial, respecto del Acuerdo Especial en donde se ofrece recompensa por el hermano del Ex Fiscal General.

Un extracto de dicho Acuerdo Especifico A/042/12, mencionaba puntualmente:

Que el 12 de mayo de 2011, se inició en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS) de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), una investigación derivada de una declaración ministerial en la que se advirtió que funcionarios del Instituto Nacional de Migración, así como personal de Seguridad del Aeropuerto de Ramos Arizpe, Coahuila y otros, se encontraban involucrados en hechos de delincuencia organizada;

Que de las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público de la Federación se identifican como probables responsables del delito de delincuencia organizada con el fin de cometer delitos contra la salud a: Manuel Jesús Cícero Salazar, Claudia González López, Sergio Tobías Salas alias “El Tobogán”, Julio César Ruiz Esquivel alias “Chicho”, actualmente sujetos a proceso;

Que derivado de las diligencias ministeriales practicadas hasta el momento, se advierte la dificultad para obtener información que permita establecer la ubicación de otros probables responsables tales como Jorge Luís Valbuena Flores, alias “Valbuena” y/o “Balbuena”, Enrique González Nava y Humberto Torres Charles, alias “Glenda”;

"Las investigaciones relacionadas por el agente del Ministerio Público de la Federación se identifican como probables responsables de delincuencia organizada con el fin de cometer delitos contra salud a: Manuel Jesús Cícero Salazar, Claudia González López (ex subdelegada de la PGR en Coahuila), Sergio Tobías Salas, El Tobogán, Julio César Luis Esquivel, actualmente sujetos a proceso".

Pero que se encuentran prófugos Humberto Torres Charles (hermano del ex fiscal general de Coahuila, Jesús Torres Charles), Jorge Luis Valbuena Flores, y Enrique González Nava”.

Evidentemente, y para ir concluyendo, Rubén Moreira Valdez comenzó su quinto año de administración chapoteando en un lodazal del que, indefectiblemente, no es inocente y que lo hundirá para el resto de su vida política.

Y ya no tendrá los medios de comunicación y reporteros comprados con dineros públicos como supo hacerlo con personajes impresentables como Mario Gálvez Narro (quien alguna vez tuvo que ser “rescatado” por varios amigos en una causa por consumo de estupefacientes), Víctor Hugo Hernández (maestro doctorado en grillos políticos y distorsiones informativas), Julián Parra Ibarra(acosador de periodistas, amenazándolos con mandarlos a callar), Carlos Padilla Muñoz (especialista en extorsiones y facturaciones irregulares para cobrar dineros de convenios publicitarios inexistentes), Marcos Martínez Soriano (quien todas las mañanas le marcaba a los funcionarios para consultar qué podía y qué no informar), Olga Quirarte Ramírez (especialista en amenazar a políticos con sus cuitas de la vida privada) o Héctor Becerra Novoa (extorsionador de empresarios con supuestos videos que los comprometerían).

 


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